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Ley de Probidad en la Función Pública

El 5 de enero de 2016 fue publicada en el diario oficial la Ley N° 20.880 que pondrá a disposición de la ciudadanía los bienes e intereses de quienes ocupan altos cargos en la función pública. Esta normativa es una más de las medidas que está implementando el gobierno con el objetivo de elevar los estándares de trasparencia y probidad en la gestión del Estado.

¿Qué regula esta ley?

La probidad en el ejercicio de la función pública, prevé y sanciona los conflictos de intereses.

¿En qué consiste el principio de probidad?

En que los funcionarios públicos tengan un desempeño honesto y leal del cargo, donde el interés general esté sobre el interés particular. Lo anterior, sin importar cuál sea su condición contractual.

¿Qué se entiende por conflicto de intereses?

Cuando en el ejercicio de un cargo concurre a la vez el interés general con un interés particular de quien ejerce la función, o cuando se incurre en circunstancias que restan imparcialidad al desempeño del cargo.

¿Qué diferencia esta ley con la regulación anterior?

Una de las principales novedades que establece esta normativa es la enajenación forzosa de bienes que posean las altas autoridades y que suponen un conflicto de intereses con el ejercicio del cargo, como las concesiones de radiodifusión. Aquellas autoridades que cuenten con valores por sobre 25 mil UF, serán obligadas a dar un mandato especial para la diversificación y administración de esos activos.

Bajo esta norma, la declaración de intereses y la de patrimonio se reúnen en un solo documento, también se amplía la información que se debe entregar y aumenta el espectro de autoridades que deberán declarar. La información se publicará de manera electrónica y en formato de Datos Abiertos.

¿Qué autoridades y funcionarios deben declarar?

Presidente, ministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores, seremis, embajadores, cónsules, senadores, diputados y otros altos cargos del Congreso; autoridades y directivos del Poder Judicial, fiscales y defensores penales; consejeros de organismos públicos autónomos, autoridades regionales y municipales, oficiales generales y superiores de las Fuerzas Armadas y de Orden, directores de sociedades anónimas nombrados por el Estado y fiscalizadores, entre varias otras autoridades y funcionarios de la Administración del Estado. Se integra los directores de fundaciones, corporaciones y dirigentes nacionales de partidos políticos.

¿Cuándo deben realizar la declaración?

Dentro de 30 días siguientes a que asuman en el cargo, deben actualizarla en marzo de cada año y realizar una al dejar sus funciones.

¿Cómo se realiza?

A través de un formulario único electrónico.

¿Qué contendrán las declaraciones?

Las actividades profesionales, laborales, gremiales y de beneficencia que realice la autoridad (remuneradas o no) incluso las realizadas hasta 12 meses antes de asumir el cargo. Se debe declarar los bienes en Chile y el extranjero, derechos de agua, vehículos, acciones y participación en sociedades dentro o fuera del país. Los cónyuges declaran si tienen régimen de comunidad de bienes, y los hijos mientras estén sujetos a la patria potestad del declarante.

¿Se podrá ver las declaraciones?

Sí, deben publicarse en el sitio web de cada institución, accesibles a la ciudadanía y en formato de Datos Abiertos.

¿Quién controla el cumplimiento de la ley?

La Contraloría fiscaliza que las declaraciones los funcionarios de la Administración Central del Estado se hagan de manera oportuna, íntegra y veraz. Si existieran falta a esta normativa, la Contraloría podrá multar por hasta 50 UTM y si el incumplimiento permanece será considerado falta grave a la probidad y dará lugar a la destitución del cargo. El Poder Judicial y Legislativo serán fiscalizados por sus propias entidades.

¿Cuándo entra en vigencia la ley?

El Presidente de la República dictará el reglamento de esta ley dentro del plazo de tres meses contado desde la publicación de la misma (hasta el 5 de abril). Luego la ley comenzará a regir tres meses después de la publicación del reglamento.

Revise la ley completa aquí.