El 28 de marzo la red se reunió de nuevo en su modalidad ampliada para evaluar avances y nuevas líneas de acción. La Alianza, liderada por la Contraloría General de la República y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se estructura en cuatro grupos técnicos conformados por representantes de las instituciones participantes. Por medio de encuentros periódicos entre cada reunión ampliada, los grupos definen, comparten y alinean acciones concretas para favorecer procesos de gestión transparentes e integrar en el accionar público y privado prácticas que combatan la corrupción.

En ese marco, el encuentro del pasado 28 de marzo permitió presentar los avances en la creación de iniciativas para fomentar la integridad en los sectores público y privado, y se anunció el desarrollo de códigos de ética en 15 municipios del país y la celebración de un taller para proveedores del Estado sobre implementación de planes anticorrupción en empresas. Asimismo, se comunicó que el PNUD iniciará prontamente la implementación de un sistema de integridad en el Congreso Nacional.

Por otro lado, se informó sobre la organización de un taller nacional por parte de la Alianza —a realizarse entre mayo y noviembre— orientado a entregar herramientas a distintos actores para controlar la corrupción, incluyendo jefaturas de servicios públicos, representantes de directivos, funcionarios e integrantes de la sociedad civil. A ello irá asociado un plan de difusión en medios sobre el trabajo de la red.

En materia de estandarización de criterios para la evaluación interna de las instituciones de la Alianza Anticorrupción, se presentó el trabajo efectuado para obtener indicadores que permitan medir de modo homogéneo los parámetros de integridad, y se anunció la intención de construir un banco de buenas prácticas que permita establecer ejemplos para otros organismos.

Finalmente, se presentó el análisis permanente que la Alianza efectúa acerca de las iniciativas legislativas anticorrupción en desarrollo en Chile, y se aludió a los planes de efectuar reuniones con autoridades claves del poder Ejecutivo y Legislativo con el propósito de contribuir a la discusión de los proyectos de ley en materia anticorrupción.