La Estrategia Nacional de Integridad Pública (ENIP) es una política pública hecha de manera participativa, basada en evidencia, y con un enfoque proactivo orientado a mejorar los estándares de transparencia, integridad y lucha contra la corrupción en un país.
El 1 de junio de 2022, en su cuenta pública ante el Congreso Pleno, el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, comprometió la implementación de una Estrategia Nacional de Integridad Pública.
Este anuncio respondió a la necesidad de contar con un enfoque proactivo y sostenible en materia de integridad pública y lucha contra la corrupción en nuestro país.
Efectivamente, hasta ahora los avances en materia de integridad pública, probidad y transparencia han sido reactivos y casuísticos, es decir, han sido consecuencia de escándalos de corrupción y, por ello, se han referido mayormente a materias relacionadas directamente con estos. Este enfoque reactivo y, generalmente, legalista, no ha permitido abordar adecuadamente la prevención de estas situaciones, teniendo así un efecto limitado.
210
medidas
Transparencia, que consiste en promover el principio que llama a respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la Administración. Se incluyen acá propuestas en materia de solicitudes de acceso a la información, trasparencia activa, lenguaje claro y datos abiertos, entre otros.
Recursos Públicos, que corresponden a los medios que se encuentran a disposición del Estado para cumplir con sus funciones y financiar el gasto público. El eje tiene medidas que buscan resguardar y controlar el gasto público y el proceso presupuestario.
Política, que apunta a cerrar las brechas identificadas en materia de partidos políticos y campañas electorales. En concordancia, los dos principales ejes de reforma son el correcto funcionamiento de los partidos políticos y el financiamiento de las campañas electorales.
Sector Privado, Sector Privado, que se refiere a todos los actores del mundo de los negocios, como las empresas privadas y públicas, además de sus trabajadores, representantes y gremios. En el eje se abordarán brechas en materias como transparencia en las empresas privadas, todo lo relativo a las empresas del Estado y un registro de beneficiarios finales.
Función Pública, que comprende a los órganos del Estado, las actividades que realizan al servicio de las personas y el conjunto de personas que ejercen labores en ellos. Contiene propuestas vinculadas a temas como la prevención de conflictos de intereses y reformas orgánicas que establezcan un ecosistema institucional de integridad.
La Estrategia Nacional de Integridad Pública fue evaluada en marzo de 2024 por la OCDE, de acuerdo a sus indicadores de integridad. Estos indicadores miden aspectos objetivos de los países y no se basan en meras percepciones.
En estas mediciones, Chile se encuentra destacada entre los países que más se acercan al ideal normativo de la OCDE, cumpliendo con un 87% de los indicadores que realiza el organismo sobre estrategias de integridad.