La decisión de impulsar la ENIP nace de la convicción acerca de la necesidad de promover la integridad y combatir la corrupción. Tal certeza se funda en el consenso internacional y académico de que esto genera réditos palpables y concretos. Se presentan cuatro de los más importantes.
La corrupción es un fenómeno que erosiona la confianza pública que desplazar el interés público por el beneficio personal, amenaza la primacía de la ley y afecta la independencia de las autoridades. En contraste, promover la integridad fortalece la estabilidad democrática, ya que aumenta la credibilidad institucional y permite enfrentar de mejor manera desafíos a corto, largo y mediano plazo.
La corrupción afecta el ejercicio de derechos humanos particulares como el acceso a la información y la libertad de expresión, piedras angulares de toda sociedad democrática. A su vez, merma la efectividad del Estado y limita su capacidad para ofrecer respuestas concretas a derechos como la salud y la educación.
Por otra parte, la corrupción afecta más intensamente a grupos históricamente desprotegidos y vulnerables, pues la corrupción desdibuja los límites sociales y legales que operan como salvaguardas para sus derechos, fomentando la desigualdad e intensificando su vulnerabilidad.
Una cultura de integridad impulsa el crecimiento económico, mejora la gobernanza y aumenta significativamente el ingreso per cápita de los países. En contraste, la corrupción disminuye la inversión extranjera, aumenta los gastos de operación del Estado e impacta negativamente en áreas críticas como energía o salud.
La comunidad internacional se ha unido para combatir la corrupción a través de tratados como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción. Por lo mismo, promover la integridad no solo refleja un compromiso ético, sino que también cumple con requisitos establecidos en tratados internacionales ratificados por Chile.