La OCDE recientemente lanzó la publicación Committing to Effective Whistleblower Protection que analiza los marcos de protección de denunciantes en los países miembros, identifica áreas de reforma y propone pasos para fortalecer leyes integrales y eficaces de protección de los denunciantes, en el sector público y privado.

En su segunda parte, esta publicación expone la situación legal que rige a algunos países miembros de la OCDE respecto de este asunto. El Capítulo 8 está dedicado a Chile y los autores del documento son el presidente de la Comisión Defensora Ciudadana y Transparencia (CDCyT), Rodrigo Mora, y el abogado Francisco Sánchez Lay, también de la CDCyT, que realizaron el documento por solicitud de la instancia internacional.

Según señala en el resumen, el texto dedicado a Chile afirma que en el país se establecieron las normas para la regulación y protección de los funcionarios frente a denuncias por irregularidades o violaciones de la probidad. El documento explica la Ley Nº 20.205 y entrega antecedentes contextuales a la creación de la ley, se describe el alcance de la protección, los requisitos para que esta se produzca; comenta los mecanismos que protegen de represalia y los avances y desafíos que han surgido desde el establecimiento de estos reglas.

La protección de los denunciantes es esencial para salvaguardar del interés público y para la promoción de una cultura de rendición de cuentas.