El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde Soto, junto al subsecretaria, Macarena Lobos Palacios, y la Secretaria Ejecutiva de la Comisión de Integridad y Transparencia, Valeria Lübbert, asistieron este miércoles a la comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputadas y Diputados para dar inicio a la discusión del proyecto que moderniza la regulación del lobby (Bol 16.888-06), conocido como Lobby 2.0. 

La medida busca actualizar el marco normativo actual recogiendo una serie de recomendaciones realizadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y apunta a mejorar los estándares de transparencia y probidad en el país. 

El ministro Elizalde intervinó en la comisión y explicó que “el objetivo de la ley es la transparencia”. Al respecto, sostuvo que “es evidente que este proyecto eleva el estándar. Nos ponen en avanzada en el mundo, o sea, si nosotros comparamos incluso los países de la OCDE, en la regulación que hay de lobby, esto nos va a dejar por delante de todos los demás países”.

En tanto, la subsecretaria comentó que “frente a un tema de crisis de confianza, es muy importante fortalecer los instrumentos que nos permitan garantizar que el interés general siempre esté a la base de la toma de decisiones y que este no se vea en riesgo por la captura de intereses particulares”.

En detalle, el proyecto, que forma parte de la  Estrategia Nacional de Integridad Pública (ENIP), posee ocho ejes principales. El primero es la ampliación del concepto de “Lobby” y la creación del de “representante de intereses”, incluyendo así a gestores de intereses. Asimismo, la medida propone nuevos sujetos pasivos y busca imponer nuevas obligaciones a ciertos sujetos activos calificados.

Además, se espera reformar el sistema de sanciones para sujetos activos, potenciar el uso de un portal único de lobby, establecer reglas de transparencia para comisiones asesores, agendas abiertas de autoridades y transparencia en medios de comunicación. 

La iniciativa se encuentra en su primer trámite constitucional y debe ser votada en la comisión de Gobierno Interior para después ser discutida en la Sala de la Corporación.