El Estado de Chile desarrolla, desde hace algunos años, un proceso de fortalecimiento y consolidación de la probidad y transparencia de los actos de la Administración, como una de las bases para el más eficiente funcionamiento de la misma. A nivel de la Constitución Política de la República, ello quedó reflejado en el texto que la reforma del año 2005 introdujo a su artículo 8º, y que dispone que el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones.

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