“Muchas veces se solicita al ciudadano datos que el Estado ya tiene (…) los procedimientos pueden ser menos complejos si los datos que están en poder del Estado no se solicitaran”

El invitado de esta segunda jornada nació en Santiago. Sus estudios básicos y primarios los realizó en el Colegio Compañía de María Apoquindo, para luego estudiar Derecho en la Universidad de Chile. Además, posee un diploma en Regulación y Derecho Público de la misma institución. Pero sus logros académicos no eran suficiente por sí solos, necesitaba que se integrarán con su gran pasión: la protección del medio ambiente y la biodiversidad. Desde muy joven fue aficionado de la naturaleza, su camino profesional se enfocó desde un principio en la conexión con esos dos mundos: las leyes y el medio ambiente. Apenas tuvo la oportunidad, se unió al Centro de Derecho Ambiental de su facultad, y luego de egresar, se unió al equipo de la Fiscalía del Medio Ambiente (ONG FIMA), Organización No Gubernamental donde trabaja actualmente en pos de  la justicia ambiental.

“de partida yo creo que tiene que haber un nivel de accesibilidad importante (...) que la gente pueda acceder a una respuesta directa de la persona que está viendo el caso (...) debe haber una comunicación constante para hacer saber a las personas que [la administración] se está haciendo cargo de la solicitud"

En este emprendimiento social, se ha consolidado como parte importante del equipo de Proyectos de FIMA, quienes llevan más de 10 años trabajando en la educación y capacitación de comunidades y funcionarios públicos respecto de materias de derecho ambiental, así como en el empoderamiento jurídico ambiental de aquellos que pueden verse vulnerados por parte de proyectos que pueden afectar ecosistemas y/o la calidad de vida de las personas.

Sobre la confianza: “afectan las respuestas insatisfactorias o incompletas” y ”cuando no obtiene una respuesta por un procedimiento de consulta se produce una desconfianza a todo."

Respecto de FIMA, Felipe indicó que es una organización sin fines de lucro, que desde 1998 se ha dedicado a la defensa del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, a través del litigio, el empoderamiento jurídico, la incidencia política, la investigación y la difusión. Hoy cuentan con un equipo interdisciplinario de más de 20 personas que se han preocupado de abogar desde distintos frentes para avanzar hacia una justicia ambiental y climática, que permita cambiar la relación actual con la naturaleza, proteger los ecosistemas del país, y así también proyectar una vida más justa para esta generación y las futuras.

“la primera mirada [que debe efectuar el funcionario/a] es si la exigencia [de antecedentes] dificulta o no la justicia al usuario”

El equipo de la Comisión agradece la disposición, el interés y la pasión que transmitió Felipe en el relato de sus vivencias como parte de la sociedad civil. A partir de todo lo abordado en este espacio de diálogo, destacan algunas ideas, como por ejemplo, la necesidad que el Estado sea capaz de entregar mejor y más información ambiental a la ciudadanía, en un formato más empático, claro y oportuno. En la misma línea, surge la importancia de consolidar el rol del Estado como responsable de garantizar a los ciudadanos una evaluación ambiental integral e imparcial, el cumplimiento de los compromisos climáticos internacionales, y siempre facilitar el acceso a la justicia a través de la actualización y disponibilidad de la información sobre sus procedimientos administrativos y judiciales, enfatizando la necesidad de que los formularios de denuncia sean más homogéneos y simples.

“los conflictos de interés es algo que hay que erradicar lo antes posible y de forma permanente (...) si los hay puede significar décadas de desconfianza”.

Por otro lado, Felipe manifestó la necesidad que existe que los servicios del Estado conozcan los principales conflictos ambientales existentes y trabajen por hacerse cargo de los mismos. Para ello, Felipe señala que para fortalecer la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, se deben mejorar y profundizar los procesos de participación ciudadana, avanzando hacia una mayor vinculación de los mismos e incluso aspirando a procesos de co-creación para ciertas políticas públicas ambientales.

La Comisión espera estar a su altura, extrayendo de su relato las mejores recomendaciones para construir un mejor país, donde la confianza, la participación y la transparencia sean los pilares de su trabajo.

Gracias Felipe en nombre de toda la Comisión.