Responsable del posicionamiento y promoción del rol de expertos técnicos en materia de integridad, probidad y transparencia tanto de la Comisión como del Secretario Ejecutivo, a través de la planificación, desarrollo e implementación de una estrategia comunicacional interna y externa, que considere los lineamientos ministeriales y el contexto nacional, y la difusión en redes sociales los temas más relevantes para informar a toda la ciudadanía.

Sistematizar y analizar información del Portal de Transparencia, Plataforma Ley de Lobby y Declaración de Intereses y Patrimonio.

Apoyar al Presidente de la República en el estudio y análisis de la normativa internacional vigente, con el objeto de proponer adecuaciones o modificaciones legales y administrativas en materia de integridad publica, probidad y transparencia.

Presta asesoría jurídica a la Comisión en la aplicación e interpretación de la normativa legal sobre Integridad Pública en la Administración del Estado, particularmente referida a: acceso a la información pública y transparencia, lobby, probidad, conflictos de interés, protección a denunciantes, entre otras materias. Tiene a su cargo el seguimiento legislativo de los proyectos de ley que forman parte de la Agenda de Integridad, siendo de su responsabilidad la tramitación del proyecto de ley que modifica la Ley N°20.285 (Transparencia 2.0) y el proyecto de ley que Fortalece la Integridad Pública. Propone soluciones jurídicas ante riesgos en el cumplimiento de la normativa de integridad pública, monitoreando procesos como la realización de las Declaraciones de Intereses y Patrimonio (DIP) de las principales autoridades del país. Responde consultas de los diferentes ministerios y subsecretarías  referidos a transparencia y acceso a la información pública. Por último, tiene a su cargo el relacionamiento con el Servicio Civil respecto al seguimiento en la implementación de códigos de ética y sistemas de integridad.

Responsable de potenciar y fortalecer la relación con los funcionarios públicos de la administración central del Estado, con el objeto de elevar los estándares de atención, aumentar la probidad y concientización de la corrupción, y así fortalecer la vinculación con la ciudadanía, mediante actividades con temáticas de integridad pública, transparencia y lobby.