La Ley N° 20.880 sobre Probidad en la Función Pública, puesta en marcha en septiembre de 2016, impone a todos los funcionarios públicos la obligación de declarar su patrimonio e intereses en tres momentos: 1. Al asumir cargo, 2. Al cesar el ejercicio del cargo, y 3. Anualmente, en el mes de marzo, mientras esté en ejercicio del cargo.

Marzo de 2017 marcó la primera vez para todos aquellos funcionarios públicos señalados como sujetos obligados de declarar, realizaran este proceso anual, debiendo ingresar su declaración en un portal web diseñado y administrado por la Contraloría General de la República, que cumple el rol de fiscalizador único.
La ley exige que las declaraciones se realicen entre el 01 y el 31 del mes de marzo. Todas las declaraciones llegan a los jefes de servicio, quienes tienen 30 días desde la recepción de las mismas para enviarlas a la Contraloría, realizándose todo el proceso vía electrónica.

La Comisión de Probidad y Transparencia realizó un monitoreo constante al proceso, colaborando con todos los servicios y autoridades, respondiendo dudas legales y promoviendo el cumplimiento de esta obligación dentro de los plazos establecidos. Al cierre del proceso, se realiza una exitosa evaluación por parte de SEGPRES, el 96% del total de declarantes ingresó su documento en los plazos establecidos, el 100% de las autoridades cumplió con el proceso en tiempo y forma, se totalizan más de 60.000 declaraciones.

Esta primera experiencia, entrega cifras alentadoras, y muestra el compromiso de cada funcionario en promover una agenda de probidad y transparencia enfocada en beneficiar la relación del Estado con la ciudadanía, promover el acceso a información, y recomponer confianzas; entre otros objetivos.