El ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres), a través de su Comisión de Integridad Pública y Transparencia (CIPyT), junto a la Contraloría General realizaron una capacitación a 1.850 funcionarios públicos y jefes de servicios sobre la Declaración de Intereses y Patrimonio (DIP).

En la instancia, realizada en el auditorio de la sede del ente fiscalizador, se recalcó la importancia de esta herramienta como factor clave para impulsar la probidad y transparencia en la función pública. Asimismo, se explicó cómo debe ser respondida esta declaración y su valor para prevenir conflictos de intereses.

Durante la actividad, el ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, comentó que “la DIP se ha transformado en un pilar esencial para garantizar la transparencia, la probidad y la ética en la gestión pública. Permite fortalecer la rendición de cuentas ante la ciudadanía y fiscalizar la existencia de posibles conflictos de interés en el ejercicio de la función pública”.

“Es un instrumento de probidad pública que se ha implementado masivamente y con éxito en la administración del Estado. Estamos hablando de más de 100.000 declaraciones de patrimonio e intereses que se realizan año a año, la mayoría de ellas fiscalizadas por precisamente la Contraloría General de la República”, destacó.

En esta línea, sostuvo que “permite además que haya no sólo una fiscalización por parte de las entidades correspondientes, sino que, de los ciudadanos y los medios de comunicación, lo que contribuye a levantar alertas cuando exista una situación que deba ser investigada. En resumen, es una herramienta fundamental”.

En cuanto a la capacitación, el ministro Elizalde indicó que fue “una actividad fundamental y que da cuenta del compromiso y entusiasmo por un instrumento que ha sido clave en Chile para elevar los estándares de probidad y transparencia. Este tipo de iniciativas permiten difundir el desafío de elevar dichos estándares”.

En tanto, la contralora general (s), Dorothy Pérez, recordó que, en un esfuerzo para aumentar los niveles de integridad y transparencia en la administración pública, en 1990 se inició la exigencia de realizar las DIP. Sin embargo, solo a partir de 2016 con la Ley 20.880 se facultó a la Contraloría controlar la veracidad de la DIP.

“Antes, sólo podíamos ver la oportunidad de la declaración, pero no podíamos ver la veracidad del contenido ni la evolución”, sostuvo, junto con destacar que “en los últimos cinco años se han registrado más de 691.000 declaraciones y en promedio la presentan anualmente 138.000 personas”. 

Por qué y cómo declarar

La secretaria ejecutiva de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia (CIPyT), Valeria Lübbert, también se refirió a la importancia de la Ley 20.880, detallando el contenido que se exige declarar, así como la información que debe indicarse en cada uno de los campos de la Declaración de Intereses y Patrimonio.

“Cuando se declara con datos usados anteriormente, hay que estar atentos a actualizar los datos personales del declarante e información de los parientes; las actividades profesionales, económicas, laborales, gremiales y de beneficencia entre otras, junto a la información patrimonial y montos de tasación y avalúos, incluyendo pasivos”, señaló.

Finalmente, el analista del Área de Estudios de la Contraloría General de la República, Gustavo Rivera, cerró el encuentro refiriéndose a la plataforma de Contraloría en que se realizan las DIP, indicando detalles de su funcionamiento, pasos a seguir y aclarando dudas concretas de los asistentes.

Asimismo, equipos de asesores de la CIPyT y de la Contraloría respondieron dudas de los asistentes que se conectaron por vía remota. Puedes revisar el video de la capacitación completa en este link