En el Congreso se reunieron hoy un grupo transversal de parlamentarios con el ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, la subsecretaria Macarena Lobos y la Secretaria Ejecutiva de la Comisión de Integridad y Transparencia, Valeria Lübbert, para entregar detalles sobre la nueva Ley de Lobby (Boletín 16.888-06) y el proyecto que busca prevenir los conflictos de intereses, conocido como “regulación de la “puerta giratoria” (Boletín 16890-06), que forman parte de la Estrategia de Integridad Pública (ENIP) del Gobierno.

El encuentro, citado por Segpres, tuvo como finalidad explicar estos proyectos recientemente ingresados a tramitación, los cuales recogen distintas propuestas parlamentarias. El mensaje sobre Lobby comenzará su debate en la Cámara de Diputadas y Diputados, mientras que el de Conflicto de Interés por el Senado.

En la cita, en la que participaron los diputados Jaime Araya, Camila Musante, Catalina Pérez, Marcela Riquelme, Rubén Oyarzo, Bernardo Berger, Miguel Ángel Becker, Marcos Ilabaca, Leonardo Soto y la senadora Claudia Pascual, de forma telemática, los legisladores plantearon dudas y realizaron sugerencias, las que el Ejecutivo se comprometió a revisar durante la discusión legislativa.

Al respecto, el ministro Elizalde explicó que “hemos tenido una reunión con parlamentarios tanto del oficialismo como de la oposición, que han sido muy activos en la promoción de proyectos para elevar los estándares de transparencia y probidad de nuestro país. Hemos conversado de la tramitación de dos iniciativas que hemos presentado en el marco de la Estrategia Nacional de Integridad Pública”.

En esa línea, destacó que ambas iniciativas “permiten actualizar nuestra legislación conforme al más alto estándar que se aplica en países desarrollados, con el objeto de contar con una institucionalidad que nos permita enfrentar la corrupción, promover la transparencia y la probidad y, sobre todo, garantizar que las decisiones que tomen las autoridades públicas siempre sean considerando el interés general por sobre intereses específicos o particulares”.

En tanto, la subsecretaria Lobos planteó que “como Ejecutivo hemos buscado incluir distintas miradas para impulsar transversalmente iniciativas que vengan a modernizar nuestra legislación en materias tan importantes como lo son la regulación del lobby y la prevención de los conflictos de intereses. Agradecemos la buena acogida de las y los diputados y su disposición a avanzar en la tramitación”.

Asimismo, Valeria Lübbert, quien lidera estos temas desde la comisión que es parte de la Segpres, dijo que “es muy valorable la buena recepción de ambos proyectos de ley por los parlamentarios hoy. Esperamos el avance de ambos mensajes, los que a su vez nos permiten seguir materializando la Estrategia Nacional de Integridad, iniciativa que es fruto de un proceso participativo de más de 60 instituciones”.

Tras la reunión, el diputado Oyarzo valoró la invitación y adelantó que al proyecto de Lobby “le vamos a dar la tramitación correcta en la comisión de Gobierno Interior. Tenemos que trabajar para que la corrupción no manche la democracia, no manche la política y que la gente vea que sus políticos tienen integridad”. En la misma línea, el diputado Ilabaca señaló: “Esta iniciativa nos parece un un paso positivo para enfrentar este tipo de hechos. No podemos aceptar la corrupción, venga de donde venga”.

Para la diputada Musante, es “muy positivo el trabajo prelegislativo que se está llevando de la mano con la Segpres con parlamentarios que somos autores de proyectos que modifican la actual legislación del lobby. Hay muchas materias en las cuales avanzar, porque la idea es generar mayor transparencia”. Finalmente, el diputado Becker manifestó que “hemos sugerido que se pueda considerar que cada partido responda por las malas acciones de los candidatos que llevan. Hay varios aspectos que son de importancia y que esperamos poder tramitar con la mayor velocidad posible”.

Detalles de las iniciativas

El proyecto de Lobby 2.0 posee ocho ejes. El primero es la eliminación de la distinción entre “lobista” y “gestor de interés particular”, creándose un concepto único de “representante de intereses”, y se crea la categoría de representantes calificados de intereses, que serán las personas naturales o jurídicas que hayan sostenido al menos siete audiencias o reuniones de lobby en un semestre.

Además, se incluyeron cambios en las obligaciones de los sujetos pasivos y se ampliará el concepto de lobby y sus actividades. Por ejemplo, las acciones de intermediación o para conseguir audiencias u otro tipo de contacto con un sujeto pasivo serán consideradas como lobby y estarán sujetas a la nueva normativa.

La influencia ejercida sobre los nombramientos políticos también será considerada lobby. Se señala que el ejercicio de influencia sobre designaciones o aprobaciones de nombramientos de personas para cargos públicos en los que intervenga el Senado o la Cámara de Diputadas y Diputados constituirá lobby.

Además, restringe el catálogo de excepciones a la ley, habrá nuevos sujetos pasivos obligados a rendir cuentas, se hará efectiva la persecución por omisión inexcusable o entrega de información incorrecta o falsa y se establecerán sanciones a cargo del CPLT para quienes incumplan las normas, con multas de entre 10 a 50 UTM.

Por otro lado, el proyecto de prevención de conflictos de intereses, conocido también como fin a la “puerta giratoria”, establece un “período de enfriamiento” que señala que ex autoridades o ex jefes de servicio no podrán integrar directorios, ni prestar servicios o participar en la propiedad de entidades privadas por un año desde el cese de sus funciones. La misma regla regirá para exfuncionarios de organismos fiscalizadores.

Quienes incumplan esta prohibición de “puerta giratoria”, serán sancionados con una multa a beneficio fiscal de 100 a 1.500 UTM. También serán castigados con la inhabilidad para prestar servicios al Estado a cualquier título o participar en directorios de empresas estatales o con participación estatal por cinco años.
Asimismo, las personas naturales o jurídicas que constituyan vínculos laborales o reciban prestación de servicios con infracción a las reglas de “puerta giratoria” serán sancionadas con multas de 100 a 5.000 UTM. La Contraloría General será la encargada de aplicar dichas sanciones a exautoridades o exfuncionarios infractores.

El texto también ampliará la prohibición de nepotismo y creará nuevos sistemas de integridad para los órganos de la Administración del Estado. Además, se perfeccionarán las normas sobre declaración de interés y patrimonio.

Finalmente, se modificarán las normas sobre “fideicomiso ciego” y se establecerán penas de inhabilitación perpetua para cargos y oficios públicos a los condenados por malversación de caudales públicos, fraude al fisco, negociación incompatible, violación de secreto y cohecho entre otros delitos.