Con el objetivo de enfrentar las brechas históricas de vulnerabilidad institucional, combatir la corrupción con mayor control y transparencia, y elevar los estándares de probidad, el Gobierno presentó la Agenda de Probidad y Modernización del Estado.

En ese sentido, el Presidente Gabriel Boric destacó que el Estado debe reparar estas brechas, con medidas para reforzar, complementar y crear nuevas exigencias.

Para ello, destacó que como Gobierno, se está trabajando proactivamente desde el inicio y es así como nació la Comisión asesora en probidad, compuesta por expertos transversales, que presentarán sus recomendaciones a fines de agosto.

Propuestas legislativas y administrativas para enfrentar la corrupción

1. Propuestas de la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia

2. Instructivo de transferencias del Estado

• Obligación de utilizar el Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas de la Contraloría General de la República.
• Obligación de exigir garantía.
• Obligación de acreditar antigüedad y experiencia. 
• Obligación de acreditar objeto social.
• Limitación a la subcontratación.
• Obligatoriedad de inscripción en el Registro de Colaboradores (Ley N°19.862).
• Prohibición de fraccionamiento.
• Obligación de acreditar rendición de cuenta anterior.
• Obligación de restituir los recursos transferidos en el caso que indica.
• Obligación de no establecer compromisos que excedan el ejercicio presupuestario. 
• Obligación de considerar transferencias en relación con el avance efectivo de la ejecución.
• Obligación de Publicidad y transparencia.
• Todo lo anterior aplica íntegramente a los Gobiernos Regionales.

3. Ley de Beneficiarios Finales 

Ingresaremos un proyecto de ley que busca crear un registro donde las entidades informen las personas naturales que son beneficiarias finales de dicha organización. Esto permite un buen uso de recursos públicos y controlar actos de corrupción o tráfico de influencias al tener la posibilidad de reconocer si existen grados de conexión entre el beneficiario final y una autoridad o funcionario público que confiere algún tipo de decisión en su favor (contratos, beneficios, licitaciones u otros similares).

4. Medidas en materia de probidad sobre Compras Públicas

Entre las modificaciones que se introducen a la actual ley resalta la incorporación de un nuevo capítulo, que entre otros aspectos, regula la etapa de preparación de la contratación administrativa; establece que ningún organismo del Estado podrá suscribir contratos con su personal, cualquiera sea su calidad jurídica ni con personas relacionadas; introduce mejoras al Registro de Proveedores, ampliando la información que deben aportar e incluyendo el concepto de beneficiarios finales; y autoriza a la Contraloría General de la República a ordenar instruir o instruir directamente sumarios por infracciones a esta ley.

5. Reforma del Consejo General de Auditoría Interna del Gobierno (CAIGG) 

Después de 26 años de vigencia, resulta indispensable actualizar su regulación. Retomaremos el compromiso de institucionalizarlo, creándolo por ley, reforzando su labor, recogiendo los avances en materia de auditoría, fortaleciendo el rol de independencia de los auditores, su profesionalización y el sometimiento a altos estándares de probidad y transparencia, entre otros.

6. Fortalecimiento de la integridad y probidad municipal

Proyecto de Ley de Mejoras en Eficiencia y Transparencia de las Rentas Municipales

En los próximos meses se presentará un proyecto de ley que modifique la Ley de Rentas Municipales, con el objetivo de mejorar la eficiencia y simplificar la recaudación de los municipios, lo que permitirá un rol más activo de Tesorería General de la República (TGR) y el Servicio de Impuestos Internos (SII).

Proyecto de Ley de Integridad Municipal

Los objetivos del proyecto son i) incorporar normas de prevención de la corrupción, ii) ampliar los mecanismos de participación ciudadana y iii) elevar los niveles de probidad y transparencia en la gestión municipal y en la gestión de corporaciones y fundaciones municipales.

7. Ley de Transparencia 2.0

El proyecto, ingresado en septiembre de 2018, tiene urgencia calificada como “simple”, renovada el día 9 de agosto de 2023, que busca ampliar la Ley 20.285, sobre acceso a la información pública, haciéndola aplicable a los diversos órganos del Estado, incorporando al Congreso Nacional, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Servicio Electoral, Tribunal Calificador de Elecciones, Tribunales Electorales Regionales, Contraloría General de la República y Banco Central.

También se hacen aplicables normas de la ley a empresas públicas creadas por ley y a empresas del Estado y sociedades en que éste tenga participación accionaria superior al 50% o mayoría en el directorio, a las corporaciones, fundaciones, asociaciones y empresas municipales, así como a las personas jurídicas sin fines de lucro que reciban transferencias de fondos públicos.

8. Ley Regiones Más Fuertes

En mayo pasado ingresamos al Congreso el proyecto de ley Regiones Más Fuertes que establece mayores mecanismos de control, responsabilidad fiscal, transparencia y rendición de cuentas para resguardar que los gobiernos regionales usen de buena forma los recursos destinados al bienestar de las familias.

Fuente: Gob.cl