El ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde Soto, junto a la subsecretaria de la cartera, Macarena Lobos Palacios, entregaron detalles de un nuevo avance en la agenda de probidad y transparencia del Gobierno, con la presentación de dos proyectos de ley sobre la materia.

El objetivo de las dos medidas es avanzar hacia un nuevo marco legal que permitirá regular el lobby y el ejercicio de influencias a través de una mirada innovadora, dejando de lado el foco reactivo para pasar a uno proactivo, otorgando más transparencia a las interacciones entre las autoridades y la sociedad civil.

Al respecto, el ministro Elizalde explicó que “Chile tiene una regulación de las más exigentes dentro del ámbito de la OCDE y con esta actualización que estamos proponiendo nos vamos a poner en avanzada respecto de los distintos países que tienen regulaciones en esta materia”.

“De esa manera, elevaremos los estándares para que la ciudadanía pueda tener pleno conocimiento respecto de la labor de los gestores de intereses y sobre todo para tener transparencia sobre la influencia que puede ejercer el dinero en la política, con el objeto de evitar que pueda ser dañina para nuestra democracia”, agregó.

El proyecto de Lobby 2.0 posee ocho ejes. El primero es la eliminación de la distinción entre “lobista” y “gestor de interés particular”, creándose un concepto único de “representante de intereses”, y se crea la categoría de representantes calificados de intereses, que serán las personas naturales o jurídicas que hayan sostenido al menos siete audiencias o reuniones de lobby en un semestre.

Además, se incluyeron cambios en las obligaciones de los sujetos pasivos y se ampliará el concepto de lobby y sus actividades. Por ejemplo, las acciones de intermediación o para conseguir audiencias u otro tipo de contacto con un sujeto pasivo serán consideradas como lobby y estarán sujetas a la nueva normativa.

La influencia ejercida sobre los nombramientos políticos también será considerada lobby. Se señala que el ejercicio de influencia sobre designaciones o aprobaciones de nombramientos de personas para cargos públicos en los que intervenga el Senado o la Cámara de Diputadas y Diputados constituirá lobby.

Además, restringe el catálogo de excepciones a la ley, habrá nuevos sujetos pasivos obligados a rendir cuentas, se hará efectiva la persecución por omisión inexcusable o entrega de información incorrecta o falsa y se establecerán sanciones a cargo del CPLT para quienes incumplan las normas, con multas de entre 10 a 50 UTM.

Prevención de conflictos de intereses

Este proyecto establece un “período de enfriamiento” que señala que ex autoridades o ex jefes de servicio no podrán integrar directorios, ni prestar servicios o participar en la propiedad de entidades privadas por un año desde el cese de sus funciones. La misma regla regirá para exfuncionarios de organismos fiscalizadores.

Quienes incumplan esa prohibición de “puerta giratoria”, serán sancionados con una multa a beneficio fiscal de 100 a 1.500 UTM. También serán castigados con la inhabilidad para prestar servicios al Estado a cualquier título o participar en directorios de empresas estatales o con participación estatal por cinco años.

Asimismo, las personas naturales o jurídicas que constituyan vínculos laborales o reciban prestación de servicios con infracción a las reglas de “puerta giratoria” serán sancionadas con multas de 100 a 5.000 UTM. La Contraloría General será la encargada de aplicar dichas sanciones a exautoridades o exfuncionarios infractores.

El texto también ampliará la prohibición de nepotismo y creará nuevos sistemas de integridad para los órganos de la Administración del Estado. Además, se perfeccionarán normas sobre declaración de interés y patrimonio.

Finalmente, se modificarán las normas sobre “fideicomiso ciego” y se establecerán penas de inhabilitación perpetua para cargos y oficios públicos a los condenados por malversación de caudales públicos, fraude al fisco, negociación incompatible, violación de secreto y cohecho entre otros delitos.