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19 de Junio de 2020

Ingresa proyecto de ley que crea un canal de denuncias anónimas para delitos de corrupción en el Estado

El 4 de junio de 2020, el Gobierno ingresó a tramitación legislativa un proyecto de ley que crea un Canal de Denuncias Anónimas para Delitos de Corrupción en el Estado, estableciendo un nuevo estatuto de protección a dichos denunciantes, iniciativa que forma parte de las medidas de la Agenda Anti Abusos que anunció el Presidente Sebastián Piñera a comienzos del mes de diciembre de 2019.

Esta iniciativa fortalece la Integridad Pública, constituyendo una relevante herramienta de combate contra los actos de corrupción. En concreto, crea un canal de denuncias que operará de manera centralizada y electrónica, administrado por la Contraloría General de la República, para que cualquier persona o funcionario público pueda denunciar hechos de corrupción que se cometan en el Estado, estableciendo medidas de protección para que los denunciantes no sufran represalias ni hostigamientos, cuidando estabilidad laboral. La protección cubre a  funcionarios públicos de planta, contrata u honorarios, así como también a  aquellos funcionarios contratados en el marco del Código del Trabajo.

En su elaboración trabajó un equipo de profesionales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, a través de la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia, quienes sostuvieron una ronda de reuniones previas con el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, el Consejo de Defensa del Estado, la Unidad de Análisis Financiero, la Dirección del Trabajo, entre otras instituciones.

La regulación propuesta contempla que una vez ingresada y revisada la denuncia por la Contraloría General de la República, ésta podrá instruir investigaciones u ordenar a las instituciones públicas dar inicio a investigaciones o sumarios, y si los hechos revistieren carácter de delito, tendrá que ponerlos en conocimiento del Ministerio Público, en cuyo caso, deberá siempre mantener la reserva de identidad de la persona que efectuó la denuncia, en caso de haber sido solicitada.

La iniciativa castiga hasta con la destitución a aquellas autoridades o funcionarios públicos que adopten acciones de hostigamiento en contra del denunciante, o en contra de quien declare como testigo en una investigación administrativa o ante la justicia.

Finalmente, para dotar de seriedad a la denuncia, se modifica el Estatuto Administrativo sancionando a aquel funcionario que presente denuncias falsas a sabiendas o con el ánimo deliberado de perjudicar al o los sujetos denunciados. De la misma manera, se modifica el Código Penal en lo referente al delito de denuncia calumniosa, de modo de cautelar el buen uso de la plataforma y evitar denuncias falsas.