La DIP nació en 2016, a través de la ley N° 20.880, como una importante herramienta de control ciudadano, que permite transparentar la situación económica y patrimonial de funcionarias/os autoridades públicas (Ministros, Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores, Jefes Superiores de Servicio, SEREMIS); de quienes cumplen labores de fiscalización y de las personas contratadas a honorarios cuya renta promedio sea igual o superior al 3° nivel jerárquico. 

La Declaración debe incluir datos personales, actividades profesionales, laborales, gremiales o de beneficencia, junto a información patrimonial, entre otros elementos.

En los últimos años, más de 100 mil funcionarias y funcionarios se han comprometido con la imparcialidad y buen desempeño, presentando sus DIP. La meta hoy es seguir avanzando, para lo que contamos con todas y todos los funcionarios a lo largo de Chile.