Dentro de sus medidas se encuentra impulsar la aprobación del proyecto de ley que fortalece la prevención de conflictos de intereses en las compras públicas y la presentación de proyectos de ley para tener una nueva regulación del lobby y de conflictos de interés de la función pública.

Durante su primera Cuenta Pública, el Presidente de la República, Gabriel Boric, anunció la creación e implementación de una Estrategia Nacional de Integridad Pública, la que estará a cargo de la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia (CIPyT).

La Estrategia Nacional de Integridad Pública recoge lineamientos de la Comisión Engel, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Contraloría General de la República (CGR) y, tal como señaló el Mandatario en el Congreso Nacional, dentro de sus medidas se encuentra impulsar la aprobación del proyecto de ley que fortalece la prevención de conflictos de interés en las compras públicas, además de la presentación de proyectos de ley para tener una nueva regulación del lobby y de conflictos de interés de la función pública.

En esa misma dirección, el Presidente anunció que se apoyará el proyecto de ley que protege al denunciante de actos en contra de la probidad administrativa y extiende su aplicación al personal de las Fuerzas Armadas, además de ponerle suma urgencia al proyecto de ley de Transparencia 2.0, elevando con esto los estándares para todos los órganos de la Administración del Estado.

Finalmente, también en el ámbito de la transparencia y probidad, desde las fundaciones de Presidencia, entre las que se encuentran Integra, Prodemu, FOJI, MIM, Artesanías de Chile y Chilenter, se firmará un convenio con el Consejo para la Transparencia para contar con altos estándares de transparencia, en el marco de un esfuerzo para mejorar su actual orgánica y dinámica laboral, administrativa y programática.

A juicio de la Secretaria Ejecutiva de la CIPyT, Valeria Lübbert, este anuncio es una “señal clara del compromiso del Gobierno de avanzar en una cultura de la integridad, probidad y transparencia; demuestra voluntad por cambiar el paradigma que se ha utilizado hasta hoy para abordar estos temas y dar así una respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía respecto a probidad, rendición de cuentas, acceso a la información pública y combate de frente a la corrupción, recomponiendo las confianzas de las personas con el Estado”.