Iniciativa busca la modernización del Estado y el aumento de los modelos de probidad y transparencia.

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, firmó el pasado jueves 5 de julio el Proyecto de Ley de Integridad Pública, con el objetivo de prevenir y regular los conflictos de interés en el ejercicio de la función pública en los órganos de la Administración del Estado.

La iniciativa además de aumentar  los estándares de probidad y transparencia, dictamina que será el Servicio Civil el que determinará la idoneidad de algún familiar o pariente de autoridad que quiera ingresar al sector público, establece reglas para el lobby y amplía a un año el plazo para que alguien que sale del estamento estatal ingrese a trabajar al privado.

El mandatario recalcó  “Queremos decirle sí al mérito, al compromiso y a la responsabilidad en la función pública. Y queremos decirle no a la corrupción, al abuso y a la incompetencia en el servicio público. Queremos decirle sí a los funcionarios públicos honestos, comprometidos y competentes. Queremos decirle no a los funcionarios públicos que vienen a aprovecharse del sector público, a actuar como operadores político o simplemente a buscar beneficios personales”, en la oportunidad fue acompañado por los ministros de Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick; de la Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel; y de Justicia, Hernán Larraín.

 PRINCIPALES PROPUESTAS DEL PROYECTO DE LEY

Entre las propuestas se destaca, la regulación de la contratación de parientes altas autoridades, prohibición de contratación de parientes en el Congreso Nacional, regulación de las fuentes de ingreso de los parlamentarios, regulación del correcto uso de las asignaciones parlamentarias, regulación del deber de abstención de los parlamentarios, regulación post empleo (puerta giratoria) de ex parlamentarios, regulación post empleo (puerta giratoria) de ex Ministros, ex Subsecretarios y ex Jefes de Servicio, regulación post empleo de ex funcionarios de instituciones fiscalizadoras, regulación post empleo de ex funcionarios abogados de servicios públicos.