La comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó a Sala el proyecto de ley de Integridad Municipal, que busca entregar distintas herramientas para mejorar la probidad en dichas corporaciones.

La iniciativa, que refunde dos mociones y es patrocinada por el Ejecutivo, crea nuevas normas para prevenir la corrupción en la función de alcaldes y concejales. Además, estipula la consagración legal de las normas de probidad en la gestión de corporaciones y fundaciones con participación municipal.

En esta línea, con esta medida se espera ampliar los mecanismos de participación ciudadana en la gestión municipal, aumentar los estándares de transparencia y rendición de cuentas y ampliar las facultades de fiscalización del concejo municipal.

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde Soto, valoró el apoyo parlamentario y sostuvo que “quiero valorar el impulso de esta comisión de avanzar en una legislación que mejora los estándares de probidad, transparencia y los mecanismos de fiscalización en las municipalidades. La unanimidad que otorgaron los parlamentarios da cuenta del compromiso con esta legislación para hacerla mucho más exigente”.

“Este es un avance importante para la agenda de probidad y transparencia que está impulsando nuestro Gobierno, la cual busca que exista un mayor control ciudadano y garantizar un uso adecuado de los recursos públicos. Ahora, esperamos que la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados pueda ratificar su apoyo a esta medida”, agregó.

Medidas de probidad en municipios

El proyecto establece que las municipalidades deben contar con plan de integridad aprobado por el concejo municipal y que posee instrumentos de gestión, como un manual de prevención de delitos, una matriz de riesgo de integridad, elaborar una política de integridad pública y anticorrupción, un código de ética, un canal de consultas y denuncias, y un mecanismo de rendición de cuentas.

Sumado a esto, la iniciativa busca fortalecer la Unidad de Control Interno de cada municipio y establecer incompatibilidades para funcionarios de exclusiva confianza del alcalde y ampliar la auditoría externa municipal, entre otros.

Para aquello, modifica la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y la Ley N°18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.

Durante la tramitación de la iniciativa se incorporaron recomendaciones de la Comisión Asesora Ministerial para regular la relación entre instituciones privadas sin fines de lucro (IPSFL) y el Estado, las cuales fueron presentadas como indicaciones.

La medida se encuentra en primer trámite constitucional, y ahora deberá ser analizado por la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. De contar con apoyo de la corporación, avanzará a su segundo trámite en el Senado.