Por 27 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones la Sala del Senado aprobó este martes 6 de junio, el proyecto de Ley que establece un nuevo estatuto de protección a favor del denunciante de actos contra la probidad administrativa.

De esta manera, la iniciativa, que partió su tramitación en 2019 y pasó por una Comisión Mixta que resolvió diferencias surgidas, gracias a una propuesta del Gobierno aprobada por unanimidad, ha quedado en condiciones de ser despachada al Ejecutivo para que sea firmada y promulgada como ley.

Al respecto, el ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde Soto, agradeció el apoyo parlamentario y sostuvo que “el despacho de este proyecto es un gran salto en materia de probidad para nuestro país. Con esta ley se facilita la denuncia y se establece toda una normativa que, junto con proteger la identidad de los denunciantes, permitirá investigaciones más acuciosas. De esta forma, se cuenta con un marco normativo más moderno que contribuye a inhibir y sancionar conductas contrarias a la probidad”.

Entre sus principales elementos sobresalen el establecimiento de una canal de denuncias, administrado por la Contraloría General de la República, mediante una plataforma electrónica; la extensión de los deberes de denuncia a todo el personal de la administración del Estado; la posibilidad de que el denunciante decida si su identidad se reserva; el establecimiento de mecanismos de protección preventivos en favor del denunciante, y el castigo con destitución para aquellos funcionarios públicos que hostiguen a cualquier persona que efectúe una denuncia o declare como testigo.

Por su parte, los puntos que zanjó la Comisión Mixta se ligan con la ampliación del ámbito de los sujetos protegidos, incluyendo a estudiantes en práctica y prestadores de servicios contratados; las denuncias presentadas por este canal podrán tener seguimiento y ser registradas por Contraloría; y se asegura que las medidas de protección sean otorgadas.

Una deuda histórica

El nuevo cuerpo legal fue impulsado -en conjunto- por la Comisión para la Integridad Pública y Transparencia (CIPyT) del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

En este contexto, la secretaria ejecutiva de la CIPyT, Valeria Lübbert Álvarez, valoró este paso adelante: “El despacho desde la Cámara Alta de esta nueva norma es una muy buena noticia para Chile, ya que permitirá generar un marco robusto de protección de denunciantes en materia de probidad e integridad pública. Y no sólo eso, además se hace cargo de una verdadera deuda histórica en orden a entregar más herramientas a los funcionarios para cumplir con sus deberes sin temor a represalias”, señaló.