La instancia, que tiene como objetivo diseñar una Agenda de Modernización, reúne a representantes del sector público, organizaciones de la sociedad civil, academia y sector privado, entre otros.

Esta mañana, en el Palacio de La Moneda, se realizó la primera sesión del Consejo para la Modernización del Estado, presidida por los Ministros de Hacienda, Mario Marcel y de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, las Subsecretarias de ambas carteras, Macarena Lobos (Segpres) y Claudia Sanhueza (Hacienda) y la Coordinadora del Modernización del Estado del Ministerio de Hacienda, Heidi Berner.

El Consejo, en el que participó la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia (CIPyT), Valeria Lübbert, tiene como objetivo asesorar al Presidente de la República en el diseño de una Agenda de Modernización que permita construir una nueva relación del Estado con la ciudadanía, implementando iniciativas que aceleren la transformación y teniendo como foco el aumento de estándares de transparencia y probidad que permitan impulsar una cultura de integridad y recomponer las confianzas.

En ese sentido, uno de los temas transversales que considera la Agenda es el fortalecimiento de la integridad, por lo que se destacó el proceso de co-creación de la Estrategia Nacional de Integridad Pública (ENIP) que se encuentra liderando la CIPyT, medida considerada clave para recuperar las confianzas y fortalecer la democracia.

Dentro de los integrantes del Consejo se encuentran representantes de diversos gremios, sociedad civil, academia, sector privado y ex altos directivos públicos, brindándole una mayor representatividad a la instancia. De esta manera, se encuentra compuesto por un representante de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF); de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM); de la Asociación Gobernadores Regionales de Chile, de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC); representante de asociaciones gremiales que agrupen a empresas de menor tamaño, designado por el ministro de Economía; un representante de la sociedad civil organizada; un ex Contralor General de la República; dos expertos en materia de transparencia e integridad; dos académicos o expertas en Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs); dos académicos en gestión pública; y dos ex directivos de ADP.