Este miércoles la sala del Senado aprobó en general el Proyecto de Ley de Integridad Municipal por unanimidad, con un total de 31 votos a favor. Tras esta votación, la medida deberá ser analizada en la Comisión de Gobierno de la Cámara Alta. 

Este proyecto de Ley, que está en su segundo trámite legislativo, da origen a un conjunto de normas que permitirán prevenir la corrupción en los municipios. Asimismo, se establece la consagración legal de las normas de probidad en la gestión de corporaciones y fundaciones con participación municipal.

En la misma línea, establece la ampliación de mecanismos de participación ciudadana a nivel de la gestión municipal, se aumenta los estándares de transparencia y rendición de cuentas y las facultades de fiscalización del concejo municipal.

La subsecretaria General de la Presidencia, Macarena Lobos Palacios, destacó que este proyecto “se hace cargo de fortalecer las herramientas en los municipios para la transparencia, buen uso y probidad de estas corporaciones con especial énfasis en mejorar los planes de integridad pública, fortalecer la unidad de control interno, el concejo municipal, la mayor transparencia en los gastos”.

Y agregó: “Valoramos el apoyo transversal que tuvo este proyecto en general en la Comisión de Gobierno y esperamos poder seguir con su tramitación y con los aportes que tengan los senadores y senadoras, despachar esta iniciativa”.

Medidas y alcances

El proyecto de Ley señala que los municipios deberán contar con un plan de integridad aprobado por el concejo municipal, que incluya instrumentos de gestión, tales como un manual de prevención de delitos, una matriz de riesgo de integridad, una política de integridad pública y anticorrupción, un código de ética, un canal de consultas y denuncias, sumado a un mecanismo de rendición de cuentas.

Igualmente se busca fortalecer a las unidades de control externo municipal; establecer incompatibilidades para funcionarios de exclusiva confianza del alcalde, y ampliar la auditoría externa municipal, entre otras medidas. 

La iniciativa también incorpora, como indicaciones, las recomendaciones entregadas en agosto pasado por la Comisión Asesora Ministerial para regular la relación entre instituciones privadas sin fines de lucro (IPSFL) y el Estado.